Una alegación es el escrito mediante el cual una persona o entidad aporta datos o valoraciones de carácter fáctico o jurídico ante una administración o tribunal para defender sus derechos, intereses o postura dentro de un procedimiento administrativo o judicial.
Este documento es la principal herramienta de participación ciudadana, permitiendo a los interesados influir en la decisión final del órgano competente mediante la exposición de argumentos, pruebas o justificaciones. Según la Ley 39/2015, su presentación es un derecho fundamental que debe ser admitido siempre que se realice dentro de los plazos y cauces legalmente establecidos.
Un aviso fehaciente es una comunicación formal que acredita de forma indudable e irrefutable ante un tribunal o administración quién envía el mensaje, a quién va dirigido, qué contenido se transmite y la fecha y hora exacta de su envío o entrega.
Su valor principal radica en la inversión de la carga de la prueba: si se utiliza un medio certificado (como un burofax o un correo electrónico con sello de tiempo cualificado), el destinatario debe probar que el sistema falló o que no recibió el mensaje, en lugar de que el emisor deba demostrar que sí lo envió.
Esto es crucial en ámbitos legales, laborales y contractuales (como despidos, desahucios o reclamaciones de deuda) para evitar que la otra parte alegue "desconocimiento" o "falta de recepción".
A diferencia de los canales ordinarios, no se consideran fehacientes el correo electrónico estándar, el fax, el SMS o el mensaje de WhatsApp, ya que sus identidades son fácilmente falsificables y no garantizan la integridad criptográfica del contenido ni la identidad verificada de las partes.
Los métodos válidos suelen incluir el burofax (postal o electrónico), el requerimiento notarial o las notificaciones electrónicas certificadas emitidas por Prestadores de Servicios de Confianza bajo el reglamento eIDAS.